Fortalecer y modernizar la Educación

Todo acto educativo es un acto político, decía Paulo Freire; no cabe la menor duda que la educación debe ser prioridad en toda sociedad, ni qué decir en tiempos de crisis, como ya es conocido debido a los rezagos históricos y consecuencias por los efectos de la pandemia; es por esta razón que se debe garantizar el Acceso Universal de la educación a toda persona como derecho fundamental. En la coyuntura actual, esto podría traducirse en acceso a la conectividad y tecnología, educación en derechos humanos y ambientales, transformaciones que permitan aprendizajes significativos para las personas y desarrollo de sus comunidades y fortalecer el multilingüismo, todo lo cual podría implicar una revisión y reforma integral a la Ley Fundamental de Educación entre otras propuestas urgentes.

Reforma integral a la Ley Fundamental de Educación, incluyendo optimizar su estructura de funcionamiento, fortalecer el multilingüismo e incorporar la laicidad.

Eliminar la educación religiosa obligatoria en la educación primaria y secundaria, impulsando una reforma al Código de Educación (Art. 210) e incorporando una materia de educación en derechos humanos y ambientales.

Reformar los mecanismos de distribución presupuestaria interna, de forma que su asignación no responda únicamente al número de estudiantes por centro educativo.

Fortalecer los mecanismos de evaluación docente, incorporando la participación de los diversos actores de la comunidad educativa.

Impulsar transformaciones que permitan una experiencia educativa plena para todo el estudiantado, incluyendo también a las personas neurodivergentes, por medio de capacitación a docentes, sensibilización a la comunidad educativa, cambios en la presentación y evaluación de contenidos, dietas sensoriales, estructuración de espacios de descanso y acompañamiento en la socialización.

Impulsar la participación comunitaria y la rendición de cuentas de las juntas de educación.

Reafirmar la defensa de la educación superior pública, como un mecanismo de movilidad social y un eslabón clave para el desarrollo del país.

Defender la autonomía universitaria, rechazando los condicionamientos del FEES a criterios mercantiles. 

Fortalecer el acceso a internet de alta velocidad en las comunidades para garantizar acceso a cada estudiante por medio de la implementación de los fondos de FONATEL (control político, comisión investigadora) 

Declarar el acceso a internet de alta velocidad como un Derecho Humano Fundamental y el internet como servicio público, habilitando opciones para aumentar la velocidad mínima funcional de acceso a internet móvil.