Crear Condiciones para una Transición Justa

Los efectos de la emergencia climática nos afectan de manera desigual. Es esencial construir legislación desde y para la justicia climática. Por eso, las propuestas se orientan desde la interseccionalidad de los derechos humanos, perspectiva de género, la acción local y comunitaria y el reconocimiento del multiculturalismo, buscando una política fiscal en materia ambiental que sea progresiva y construida desde la capacidad contributiva, estableciendo mecanismos de compensación por la afectación de daños socioambientales por sobre las comunidades, impulsando que la transición económica desde la sustentabilidad pueda ser accesible y genere oportunidades para todas las personas, con un clima de inversión resiliente para personas pequeñas emprendedoras.

Incluir en los procesos de reforma del Estado un eje transversal siempre pensado en la transición justa, ambientalmente responsablemente y de justicia climática.

Impulsar una reforma a la ley Nacional de Atención a Emergencias y Prevención de Riesgo (Ley N°8488) para que el abordaje de las emergencias por crisis climática contenga el componente de justicia climática y que por medio de estos mecanismos sea posible establecer una transición justa para todas las personas que una vez afectadas, deben hacerle frente a pérdidas y daños en algunos casos irremediables.

Crear un entorno propicio para que las empresas, las personas trabajadoras, inversoras y consumidoras acepten e impulsen la transición hacia economías y sociedades incluyentes y ambientalmente sustentables.

Incorporar las disposiciones relativas a una transición justa en las agendas de todos los ministerios competentes, en lugar de asignarlo a uno solo (MINAE), así como en los proyectos de ley que se presenten relacionados con cambio climático, ambiente, ecosistemas y desarrollo sustentable.

Establecer y fortalecer las capacidades institucionales y técnicas de las autoridades en los planos nacional y local para orientar la transición y hacer frente a los cambios necesarios en las economías y en las leyes actuales y futuras.

Reformar la fiscalidad ambiental para contribuir a financiar la compensación destinada a las personas afectadas de manera desproporcionada por la transición hacia actividades económicamente sustentables.

Impulsar la Transición Justa del Plan Nacional de Descarbonización, así como de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) con el fin de alcanzar los objetivos en un menor tiempo, disminuyendo así los riesgos futuros producto de la Crisis Climática.

Fortalecer los medios para favorecer el cumplimiento y el pago de los impuestos y gravámenes ambientales.

Potenciar la resiliencia de las empresas, especialmente de las MIPYME, para evitar la interrupción de la actividad económica y la pérdida de activos, puestos de trabajo e ingresos, fundamentalmente en las áreas del país en condición de vulnerabilidad ante los efectos de la crisis climática.